Este sábado, a partir de las 20.00 horas, se presentará en la Casa de la Cultura de Baena la segunda edición, corregida y ampliada, del ‘Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943)’, del historiador jiennense Arcángel Bedmar. Esta obra, que en su primera edición se publicó en 2008, llevaba varios años agotada. En la nueva edición se incluyen nuevos testimonios, fotografías e informaciones, junto a apartados reelaborados y listas actualizadas de víctimas de la represión y de soldados republicanos fallecidos, desaparecidos e incapacitados.
Por gentileza del autor os avanzamos la introducción de la segunda edición de ‘Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943)’.
INTRODUCCIÓN
La causa de la guerra civil española fue un golpe de Estado en contra de un sistema democrático, basado en la Constitución republicana de 1931, y en contra de un Gobierno legal, fruto de la voluntad popular expresada en las elecciones del 16 de febrero de 1936, en las que triunfó una coalición de partidos republicanos y de izquierda llamada Frente Popular. En Baena, que en aquel momento tenía 23.438 habitantes –según el padrón de 1935–, en estas elecciones la derecha obtuvo 2.750 votos y el Frente Popular consiguió 3.985. Sin embargo, estos resultados no reflejaban ni de lejos la verdadera fuerza de las izquierdas en el pueblo, ya que un sector considerable de los anarquistas, hegemónicos entre la clase obrera baenense y con una militancia que rondaba los mil afiliados, no votó debido a la abstención política que defendía su sindicato, la CNT. Manuel Azaña, de Izquierda Republicana, asumió entonces la presidencia de un Gobierno en el que no había ni un solo ministro socialista o comunista, ya que todos pertenecían a partidos republicanos de ideología reformista. Por tanto, no había en aquel momento en España un gobierno revolucionario, ni tampoco un peligro de revolución comunista, pues este partido era muy minoritario y además de no ocupar ni una sola cartera ministerial sólo tenía 17 diputados de los 473 que componían el Congreso.
El clima social en Baena resultó tenso durante el periodo de gobierno del Frente Popular, entre febrero y julio de 1936, a causa de la injusta situación de los miles de jornaleros del campo, azotados por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Agravaba el panorama una estructura de la propiedad latifundista, ya que existían 27 fincas de más de 250 hectáreas. En un par de meses hubo dos huelgas generales: una entre el 14 y el 19 de abril y la otra entre el 20 y el 22 de junio , convocadas por la anarquista Sociedad de Oficios Varios. Los motivos principales de las huelgas fueron la negociación de las bases de trabajo y el paro, agravado por el exceso de lluvias y porque los patronos contrataban a muchos jornaleros forasteros mientras los del pueblo estaban desempleados, lo que había originado, el 4 de junio, el envío de una carta del alcalde al presidente de la patronal agraria para recordarle la obligación de cumplir la normativa legal vigente, boicoteada por algunos propietarios . El 10 de julio una caravana de doscientos labradores acudió en masa ante el Gobernador Rodríguez de León para protestar por las exigencias laborales de los obreros, que estaban entorpeciendo la recolección. Mientras, parece que los trabajadores tenían convocado un paro para el 21 de julio, según oficio presentado en el Gobierno Civil con 10 días de anticipación , pero no es cierto, como se ha afirmado en algunas publicaciones , que el 18 de julio los obreros estuvieran en huelga.
Las huelgas o los conflictos sociales que tanto abundaron durante la República y en otros periodos de nuestra historia como el llamado “trienio bolchevique” (1918-1920) no causaron la guerra civil, aunque ese fuera uno de los pretextos usados por el franquismo para justificar la rebelión militar. La única causa de la contienda fue el golpe de Estado de un sector del Ejército en contra de la República, un régimen legal y democrático a pesar de todas sus limitaciones. Sin ese golpe tal vez se hubieran sucedido todas las huelgas posibles y todas las situaciones tensas imaginables, pero nunca habría empezado una guerra entre españoles. Porque si entramos en el peligroso camino de justificar o explicar los golpes de Estado por razones de conflictividad, o consideramos que los golpes de Estado son la consecuencia natural de épocas de inestabilidad o transición política, habría que justificar al teniente coronel Antonio Tejero cuando en 1981 se levantó en armas pretextando acabar con una situación muy similar a la que se vivió en los años de la República.
Recordemos que tanto los cinco años de gobiernos republicanos como los del gobierno de Adolfo Suárez fueron un periodo de transición de la dictadura a la democracia –en un caso desde la dictadura de Primo de Rivera y en el otro desde la del general Franco–, durante el cual es muy frecuente que aparezcan tensiones e inestabilidad política y social. Si no culpabilizamos al régimen democrático –y en concreto a los gobiernos de Adolfo Suárez– del golpe de Estado de Tejero, de los más de 700 asesinatos y más de 3.500 actos de violencia ocurridos entre 1975 y 1982 debido a la conflictividad sociopolítica en España , por la misma razón tampoco podemos culpabilizar a la República del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y de las alteraciones de la convivencia en el corto mandato del gobierno del Frente Popular. En uno y otro caso, la evidencia histórica nos demuestra que estos hechos lamentables ocurrieron a pesar de los gobiernos –que hicieron lo posible para evitarlos– y no por culpa de ellos.
La II República tuvo que enfrentarse desde su proclamación en 1931 a una variopinta gama de fuerzas políticas y sindicales que eran antisistema y antidemocráticas, y a una permanente amenaza de complot militar apoyado por los partidos de extrema derecha (monárquicos, carlistas y falangistas). Desde el golpe militar del general Sanjurjo en agosto de 1932, las tramas antirrepublicanas dentro del Ejército estuvieron protagonizadas por la Unión Militar Española, una organización clandestina integrada por mandos militares ultraconservadores. En 1934 y 1935 hubo varios planes de rebelión –que no llegaron a materializarse– liderados por los generales Yagüe o Fanjul, y ya desde este último año un sector del generalato comenzó a pensar en un golpe “preventivo” si la izquierda pudiera llegar de nuevo al poder, algo que ocurriría con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Así, el 1 de julio –17 días antes del golpe de Estado– los monárquicos españoles contrataron con la Italia fascista de Mussolini la compra de una enorme cantidad de material bélico de alto nivel.
Los acontecimientos relativos a la guerra civil en Baena se pueden seguir a través de algunas fuentes bibliográficas, la mayoría ya lejanas en el tiempo. La primera es un artículo del teniente Fernando Rivas Gómez, publicado en las postrimerías del franquismo (1972) en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, centrado en el protagonismo de la Guardia Civil y de los derechistas durante los primeros días de enfrentamientos con los antifascistas. Es un trabajo valioso porque en aquel momento manejó documentación hoy perdida –como los partes y notas escritas del teniente Pascual Sánchez Ramírez y las del entonces secretario del Ayuntamiento de Baena– y porque, a pesar de sus errores, permite seguir la evolución detallada y diaria de los episodios de la lucha, siempre desde la perspectiva de los vencedores, a los que califica de “heroicos”. Por razones obvias, las cifras que aporta Fernando Rivas sobre la represión ejecutada por los derechistas son erróneas, como en su día demostró el historiador Francisco Moreno Gómez. También es insostenible el número de víctimas que ofrece Ronald Fraser en su obra Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española, que se editó en 1979. La información de Fraser sobre Baena es una mala copia del artículo del teniente Fernando Rivas y en parte se basa en los testimonios de dos personas: el jornalero Miguel Caravaca y el panadero Manuel Castro, seudónimos de dos supuestos testigos baenenses de los hechos .
Hay que esperar al año 1982, gracias al trabajo del historiador Francisco Moreno Gómez, para que se publique el más completo estudio sobre lo ocurrido en Baena, a pesar de que contenga alguna imprecisión, explicable por las fuentes históricas disponibles en aquel momento. Nos referimos a ‘La República y la guerra civil en Córdoba’, cuya considerable información se amplió en su siguiente libro, La guerra civil en Córdoba (1936-1939), que vio la luz tres años más tarde, y en 1936: el genocidio franquista en Córdoba, editado en 2008. Francisco Moreno analizó los hechos, por primera vez dio nombre a una parte de las víctimas de la represión golpista y, de camino, desmintió algún que otro mito de los que todavía pervivían –aunque al parecer, sin mucho éxito–. Desde que Moreno Gómez publicara su obra, ya hace casi treinta años, los trabajos posteriores con referencias o alusiones indirectas al periodo, como los de Juan Aranda Doncel (1995) , José Palencia Cerezo (2001) y José Manuel Cano de Mausevín Fabaré (¿2006?) , se han centrado en exclusiva en la destrucción del patrimonio religioso y en la persecución anticlerical. Por otro lado, el breve artículo “Los bombardeos de Baena y Cabra en otoño de 1938”, de Julio R. Fernández García, publicado en 2012 en la revista de historia y actualidad militar Ares, utiliza nuevas fuentes de investigación en archivos militares y supone una aportación muy detallada del bombardeo del 28 de octubre de 1938. En formato libro la publicación más reciente que aborda el drama de los primeros días de la guerra en Baena es Militares y sublevación. Córdoba y provincia 1936: causas, personajes, preparación y desarrollo, editado en 2012. Su autor, Joaquín Gil Honduvilla, utiliza como fuente fundamental y casi única para su estudio un consejo de guerra hallado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, con lo que su trabajo –muy interesante por la aportación documental y la narración de los hechos– en algunas ocasiones carece del necesario contraste y de la variedad de fuentes deseables en una investigación histórica. En lo que se refiere a la prensa, el periódico Cancionero ha publicado en los últimos años varios reportajes en el mes de julio, firmados por el periodista Francisco Expósito, que ha realizado una labor meritoria en la divulgación de lo ocurrido.
El principal obstáculo al que se enfrenta un historiador que pretenda investigar sobre la guerra civil es la destrucción y el expolio de los archivos, palpables en varios pueblos del sur de Córdoba. Sin embargo, en el Archivo Histórico Municipal de Baena se conservan unos fondos documentales aceptables sobre la guerra y la primera posguerra, sobre todo en las secciones de Correspondencia y Guerra Civil. Incluso se ha preservado el archivo de la Falange –el partido único durante la dictadura–, algo inusual en un fondo local, ya que estos documentos se destruyeron tras la muerte de Franco en casi todas las localidades con la finalidad de borrar las huellas de la represión y de “limpiar” el pasado de algunos colaboradores del régimen, poco acorde con los nuevos tiempos que se empezaban a vivir.
La otra gran fuente archivística que he usado para elaborar este libro, aparte del Archivo Histórico Municipal, ha sido el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, abierto a los investigadores en 1997, donde se localizan miles de expedientes de consejos de guerra que afectaron a ciudadanos de la Andalucía occidental. He consultado casi 40 sumarios, referidos sobre todo a los condenados a penas de muerte en posguerra, lo que me ha permitido desentrañar en parte cómo era la “justicia al revés” que practicó el Nuevo Estado, que consistía en que los que verdaderamente eran rebeldes –los franquistas– juzgaban y condenaban por rebelión a los que se habían mantenido fieles a la República. También, estos sumarios han destapado en ocasiones las farsas judiciales que debieron soportar los vencidos, procesados sin unas garantías legales mínimas.
Por otro lado, los libros de defunciones del Registro Civil de Baena permiten acercarse a la represión desatada por los golpistas durante la guerra y la posguerra y, por supuesto, también a la represión desencadenada por los republicanos, aunque esta se circunscribió en buena medida sólo al verano de 1936. El origen de ambas violencias se encuentra en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, del que únicamente son responsables los militares sublevados. No obstante, hay una diferencia fundamental en las naturalezas de esas violencias. En Baena la represión golpista fue institucionalizada y estuvo dirigida, autorizada y alentada por las autoridades militares, que eran las que detentaban el poder desde que el día 19 de julio de 1936 se implantó el bando de guerra; sin embargo la represión republicana funcionó al margen y sin participación de las autoridades, y la protagonizaron pequeños grupos de exaltados en medio del clima de descontrol del orden público que se vivió en los primeros meses de la contienda. En el resto de España ocurrió casi exactamente igual. Mientras en la zona franquista la violencia fue programada con antelación y alentada desde los mismos centros del poder como una política de Estado, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado y muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos, una circunstancia que no se dio en la España franquista. Esto explica en parte que el número de víctimas mortales de la represión resultara muy diferente en la España republicana y en la España franquista: 130.199 víctimas republicanas frente a 49.272 franquistas, de acuerdo con un reciente estudio global del historiador Francisco Espinosa Maestre . En nuestra provincia, Córdoba, las diferencias aumentan: hubo 11.582 víctimas mortales republicanas frente a 2.346 franquistas, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez . En Baena, las cifras actuales se sitúan en 436 víctimas mortales republicanas frente a 99 franquistas (de las que tres son dudosas y podrían ser republicanas). A pesar de la enorme diferencia en ambas violencias, en lo que se refiere a los muertos republicanos son estimaciones mínimas sujetas a futuras investigaciones basadas en testimonios orales o en la consulta de otra documentación (libros de cementerios, archivos militares, fichas de prisión, etc.). Hay que señalar que el franquismo se afanó en convertir a los muertos republicanos en desaparecidos para que nunca tuvieran historia o ésta pudiera ser manipulada, por lo que es muy posible que nunca descubramos quiénes y cuántos eran y que su memoria quede borrada para siempre.
Aparte de esta diferencia en la naturaleza y en la cuantificación de la represión de unos y otros, el tratamiento documental, histórico y memorialista de los vencedores y de los vencidos también resultó totalmente distinto. Este factor hay que tenerlo presente para responder a los que afirman que para superar los acontecimientos y las heridas de la contienda es necesario recuperar a la vez la memoria histórica de los dos “bandos” enfrentados. Es verdad que los muertos y el dolor de las familias de un “bando” y de otro merecen el mismo respeto y la misma piedad, y que los historiadores debemos investigar todas las muertes y todas las represiones, de unos y de otros, sin ocultar nada, pero quienes hablan de recuperar las dos memorias quizás desconozcan que una de ellas, la de los vencedores, está muy recuperada porque la dictadura se dedicó a ello, en exclusiva y como política de Estado, durante cuarenta años. Sin embargo, un hecho tan simple como inscribir en el Registro Civil a un familiar asesinado suponía una auténtica odisea para las familias republicanas, por lo que muchas víctimas se quedaron sin registrar y nunca llegaremos a saber ni su identidad ni su número.
Los “caídos” franquistas corrieron una suerte muy distinta a la de los vencidos republicanos, ya que estos no tuvieron derecho a la historia ni a la memoria. Ya en 1940 el Ministerio de Justicia decretó la creación de la llamada “Causa General” con el fin de recoger por escrito la represión causada por las “hordas marxistas”. De los derechistas muertos conocemos su identidad, pues se anotaron en el Registro Civil de Baena, según una orden de 29 de abril de 1940, como “asesinados por los rojos” y muertos “gloriosamente por Dios y por España”; y sus nombres se inscribieron en las lápidas del cementerio de Nuestra Señora del Buen Suceso, en una pared del claustro del convento de San Francisco, en los documentos oficiales –hasta siete informes distintos se conservan sobre la relación de víctimas del convento de San Francisco en el Archivo Histórico Municipal– y en los libros de historia. Durante todo el franquismo, la memoria de las víctimas de derechas nunca se perdió en Baena. Por ellas se celebraron misas año tras año en las iglesias de Guadalupe y San Francisco, y ante la Cruz de los Caídos se realizaron innumerables lecturas del testamento de José Antonio Primo de Rivera, desfiles de uniformados, homenajes, oraciones, cantos del himno de Falange, izadas de banderas, guardias, vigilias, ofrendas de flores, de coronas de laurel y de las cinco rosas simbólicas. Los familiares de los “mártires de la Cruzada”, al igual que los excombatientes, los excautivos y los soldados mutilados del Ejército franquista pudieron cobrar pensiones y el Estado les reservó puestos de trabajo en la Administración pública. Asimismo, los militares golpistas recibieron honores y distinciones, de los que son buen ejemplo la Medalla Militar otorgada al teniente Pascual Sánchez Ramírez a mediados de septiembre de 1936 ante la imagen de Jesús Nazareno; o el fajín, comprado por una suscripción popular encabezada por el Ayuntamiento, que en marzo de 1939 le regaló la ciudad de Baena al coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga con motivo de su ascenso a general.
Así, por un lado, los muertos republicanos, enterrados en anónimas fosas comunes, se convirtieron en desaparecidos cuya memoria se manchaba, se falseaba o se eliminaba, mientras por otro lado la memoria de las víctimas de la represión republicana o de los fieles colaboradores de la dictadura franquista se honraba y se recuperaba, y resultó tan perdurable que era posible encontrarla sin dificultad en las fotografías de los militares golpistas Eduardo Sáenz de Buruaga y teniente Pascual Sánchez Ramírez que hasta hace muy poco colgaban en una pared del casino de Baena, en la nomenclatura de las calles, o aún permanece impasible al paso del tiempo en las lápidas del claustro y del camarín de Jesús Nazareno de la iglesia de San Francisco. La Iglesia Católica también ha considerado que es un acto de justicia recordar a los suyos y varios de los sacerdotes de Baena que cayeron víctimas de la represión republicana, aunque fuera lejos de la localidad, tienen abierto un expediente para su proceso de beatificación.
Hasta este momento, parece que a nadie le ha importado la única presencia en Baena de los recordatorios del bando franquista ni a nadie le ha preocupado si estas simbologías abrían heridas o no, pues eso de “reabrir heridas” y de “olvidar el pasado y mirar al futuro” sólo se saca a luz cuando alguien intenta que las víctimas de la dictadura tengan historia, identidad, lugares de memoria, o que sus restos sean exhumados de una fosa común. Quizás esto explique que en los treinta y cinco años cumplidos de restauración democrática solo el periodista Fernando Vázquez Ocaña, de entre los que se mantuvieron fieles a la legalidad republicana, dé nombre a una calle; y ni siquiera los exiliados que murieron en los campos de concentración alemanes han tenido un recordatorio, a pesar de que Baena, con 14 víctimas mortales, es el tercer municipio de Córdoba en número de asesinados en el holocausto nazi –el primero, Posadas, con 17, sí tiene una placa que las recuerda–.
Este libro ha sido posible gracias al apoyo de muchas personas que merecen mi agradecimiento. Carmen Anisa Prieto y Manuel Huertas Molina me animaron a iniciar mis investigaciones sobre Baena y se han encargado de la corrección estilística del libro. Alberto Muñoz Jiménez ha colaborado en la revisión de las pruebas de imprenta. En cuanto a los historiadores, estoy en deuda por la ayuda prestada por Francisco Moreno Gómez, Francisco Espinosa Maestre, Fernando Romero Romero, José María García Márquez, Antonio Barragán Moriana y Juan Ortiz Villalba. En un libro sobre la guerra civil, los testimonios de los testigos, de las víctimas y de sus descendientes son imprescindibles para conocer aquellos terribles años, ya que nos permiten acercarnos a bastantes manifestaciones de la represión que no aparecen en documentos escritos. Entre los testimonios, fotos y documentos aportados he de resaltar los de José Alba Gálvez (Vélez-Málaga), Pedro Alcalá Rubio (Baena), Manuel Barranco Aguilar (Albendín), Fernando Castilla Salamanca (Baena), Valeriano Chica Serrano (Baena), Carmen Gómez Lara (Zaragoza), Paul Herrera (Francia), José Huertas Martínez (q.e.p.d., Baena), Miguel Ángel Lara González (L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona), Josefina Lara Madrid (Zaragoza), Eva Martínez Fernández (Salou, Tarragona), José de las Morenas Lara (q.e.p.d., Baena), Josefa Moraga Caldero (Baena), Mariano Ortega Bazuelo (Baena), Manuel Ortiz Flores (Baena), Manuel Padilla Soriano (Montgat, Barcelona), Manuel Padillo Moreno (Valencia), José Domingo Pavón Pulido (Albendín), Carmen Pérez Navarro (Barcelona), Mª del Mar Pérez Priego (Baena), Carmen Priego Benito (Leganés, Madrid), Antonio Ramírez de las Morenas (Barcelona), Encarnación Ramos Guerrero (Sant Felui de Guíxols, Gerona), José Tarifa Muriel (Cabra) y Josefa Torres Zafra (Barcelona). Por último, debo agradecer al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Baena, Antonio Huete Ramírez, y al alcalde, Jesús Rojano Aguilera, su apoyo institucional para que este libro viera la luz.
